Luigi Mangione, acusado de asesinato, enfrenta posibilidad de pena de muerte en Nueva York
Luigi Mangione, presunto responsable del asesinato del ejecutivo de UnitedHealth Group, Brian Thompson, fue trasladado a Nueva York bajo un fuerte operativo policial, tras ser detenido en Pensilvania el pasado 9 de diciembre. Mangione, de 26 años, enfrenta 11 cargos, entre ellos asesinato en primer grado y terrorismo, y podría ser sentenciado a la pena de muerte si se confirman nuevos cargos federales.
El crimen ocurrió el 4 de diciembre, cuando Thompson fue abatido a tiros frente a un hotel en Manhattan antes de participar en una conferencia empresarial. Las autoridades calificaron el ataque como premeditado. Mangione accedió a ser extraditado durante una audiencia en el condado de Blair, donde apareció vestido con un uniforme carcelario naranja.
La fiscalía de Manhattan ya había imputado cargos estatales, pero nuevos reportes sugieren que se sumarán acusaciones federales que podrían habilitar la pena capital, práctica prohibida en Nueva York pero permitida a nivel federal. Un portavoz de la fiscalía declinó comentar sobre estas nuevas imputaciones.
Karen Friedman Agnifilo, abogada del acusado, calificó la acumulación de cargos como “excesiva” y cuestionó la introducción de acusaciones de terrorismo, asegurando que estas plantean serios problemas de doble incriminación. Declaró que su equipo legal está preparado para luchar contra lo que considera una estrategia desproporcionada por parte de las autoridades.
Mientras el proceso legal avanza, el caso ha generado opiniones divididas. Aunque el asesinato ha sido ampliamente condenado, Mangione es visto por algunos como un símbolo de protesta contra los elevados costos del sistema de salud y las prácticas abusivas de las aseguradoras. Un grupo de simpatizantes se reunió fuera del tribunal en Pensilvania, portando pancartas contra las compañías de seguros y exigiendo reformas al sistema sanitario.
El traslado de Mangione a Nueva York marca el inicio de una batalla judicial que podría tener repercusiones legales y sociales significativas, al tiempo que pone en el centro del debate público la tensión entre justicia penal y desigualdades económicas en Estados Unidos.
