Sheinbaum celebra acusación de EE. UU. contra traficante de armas vinculado a cárteles mexicanos
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró la acusación penal presentada por el gobierno de Estados Unidos contra Laurence Gray, propietario de la tienda de armas Grips By Larry en Arizona, por conspirar con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación para el tráfico ilegal de armamento hacia México. Este es el primer caso de este tipo en el que se lleva a cabo una acción legal contra un traficante de armas vinculado a cárteles mexicanos.
“¡Qué bueno que haya por primera vez realmente una acción de este tipo!”, expresó Sheinbaum durante su conferencia matutina del 7 de abril.
La mandataria destacó que la Secretaría de Relaciones Exteriores está evaluando cómo este caso puede ser incorporado a una demanda pendiente relacionada con el tráfico ilegal de armas. “Es lo que estamos viendo, si esto que ocurrió es una prueba o un dato adicional que pueda ser utilizado en la demanda que se tiene”, dijo Sheinbaum.
Además, la presidenta reiteró que su administración continúa trabajando para reducir el flujo de drogas hacia Estados Unidos, pero subrayó la importancia de que este país también tome acciones más firmes para detener el tráfico de armas hacia México. En este sentido, destacó que el caso de Gray podría aportar pruebas valiosas que fortalezcan la demanda interpuesta por el gobierno mexicano.
El caso de Laurence Gray
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Gray por conspirar para proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas, luego de que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación fueran designados como tales en 2025. Según las investigaciones, Gray utilizó su licencia federal para facilitar el tráfico de armas de alto poder, incluyendo rifles semiautomáticos, ametralladoras y armas calibre .50, hacia México a través de intermediarios.
La venta ilegal de armamento habría ocurrido principalmente entre febrero y mayo de 2025, y se detectaron operaciones vinculadas a “compradores fantasma”, personas que adquieren armas legalmente para revenderlas a terceros.
En marzo de 2026, las autoridades estadounidenses añadieron cargos de apoyo material al terrorismo, lo que podría acarrear penas de hasta 20 años de prisión por cada uno de los delitos imputados.
