Crisis política en Corea del Sur: arrestan al exministro de Defensa por imposición de ley marcial
Kim Yong Hyun, exministro de Defensa de Corea del Sur, fue arrestado formalmente tras ser acusado de rebelión y abuso de poder por su participación en la imposición de la ley marcial el pasado 3 de diciembre. La medida, que permaneció activa durante seis horas, ha desatado una crisis política sin precedentes, poniendo en jaque al gobierno del presidente Yoon Suk Yeol y provocando protestas masivas en todo el país.
La controvertida acción, que buscaba bloquear al Parlamento para evitar la revocación del decreto, se ha convertido en el epicentro de investigaciones judiciales y demandas de rendición de cuentas. Según las autoridades, Kim habría coordinado el despliegue de tropas en la Asamblea Nacional, una maniobra que el Parlamento logró superar al rechazar unánimemente la medida antes del amanecer del día siguiente.
El Tribunal del Distrito Central de Seúl confirmó el arresto de Kim, señalándolo como una figura clave en la operación, mientras las acusaciones apuntan también al presidente Yoon y a otros altos funcionarios. Esta es la primera vez que un presidente surcoreano en funciones enfrenta una prohibición de viajar al extranjero, lo que subraya la gravedad del caso.
Kim, quien podría enfrentar la pena de muerte en caso de ser condenado, aceptó públicamente la responsabilidad por la imposición de la ley marcial y pidió clemencia para los soldados que ejecutaron las órdenes. Sin embargo, la oposición y diversos sectores políticos han cuestionado estas declaraciones, señalando que el alcance de la operación refleja una coordinación más amplia dentro del gobierno.
El Parlamento aprobó una moción para designar un fiscal especial independiente que investigue a Yoon y sus aliados, argumentando que el Ministerio Público no garantiza una investigación imparcial. En audiencias recientes, el comandante militar Kwak Jong Keun testificó que Kim ordenó explícitamente bloquear el acceso de legisladores al Parlamento para impedir que se alcanzara el número de votos necesarios para invalidar el decreto.
Este caso ha generado una profunda crisis de confianza en las instituciones surcoreanas, abriendo un debate sobre los límites del poder ejecutivo y el uso de las fuerzas armadas en contextos democráticos. A medida que las investigaciones avanzan, la presión pública aumenta, dejando claro que este episodio marcará un antes y un después en la política del país.
