Cámara de Diputados aprueba reforma de prisión preventiva, pero excluye delitos fiscales y narcomenudeo
Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados lograron aprobar una reforma que amplía el catálogo de delitos susceptibles de prisión preventiva oficiosa, pero en un giro de última hora, decidió excluir los delitos de narcomenudeo y defraudación fiscal. La reforma fue aprobada con 335 votos a favor y 108 en contra, y ahora pasa al Senado de la República para su aval.
Exclusión de Narcomenudeo y Defraudación Fiscal
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, presentó tres reservas que propusieron excluir del catálogo de delitos la defraudación fiscal y el narcomenudeo. Monreal explicó que la defraudación fiscal implica “el uso de maquinación, engaño o manipulación para dejar de cumplir con las obligaciones fiscales”, y resaltó la necesidad de “unidad nacional” para el tratamiento de estos delitos. En cuanto al narcomenudeo, enfatizó que el grupo parlamentario consideró que debe tratarse de manera social, con el objetivo de “generar condiciones de convivencia pacífica y restaurar el tejido social, sobre todo entre los jóvenes”.
Además, Monreal propuso incluir en la reforma delitos relacionados con el fentanilo y otras drogas sintéticas como parte del catálogo que justifique la prisión preventiva.
Críticas de la Oposición
Los diputados de la oposición expresaron fuertes críticas, acusando que la prisión preventiva oficiosa vulnera los derechos humanos. La diputada del PAN, Margarita Zavala, afirmó que la reforma es inconstitucional y contraria a la presunción de inocencia, señalando que “es una pena anticipada” que afecta especialmente a mujeres y personas de bajos recursos. Para ilustrar su punto, los diputados del PRI colocaron en tribuna dos coronas fúnebres con las leyendas: “Murió la presunción de inocencia” y “Murieron los derechos humanos”.
Defensa de Morena
Por su parte, la diputada de Morena, Dolores Padierna, defendió la reforma argumentando que la prisión preventiva es necesaria para asegurar que el proceso judicial se lleve a cabo sin el riesgo de que el acusado se evada o influencie a testigos. “La prisión preventiva asegura que un juicio de orden criminal se pueda desarrollar sin el obstáculo que representaría la fuga o evasión de la persona imputada”, señaló Padierna.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), actualmente 86,984 personas están en centros penitenciarios sin sentencia, y el 44% de ellas se encuentra bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
