Desechó “por notoria y manifiesta improcedencia” controversias promovidas por el Congreso y el Poder Judicial, controlados por María Eugenia Campos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó “por notoria y manifiesta improcedencia” las controversias constitucionales que promovieron el Congreso del Estado y el Poder Judicial de Chihuahua en contra de la reforma Constitucional en materia del Poder Judicial Federal.
- El Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá desechó de plano las controversias que pretendían evitar los cambios constitucionales que obligan a la elección de ministros, magistrados y jueces federales, así como de magistrados y jueces estatales.
- El 5 de noviembre, el pleno de la Suprema Corte desestimó las distintas impugnaciones presentadas para invalidar la reforma del Poder Judicial, al no obtener una mayoría calificada de ocho votos.
Dato: El Congreso del Estado de Chihuahua no avaló la reforma Constitucional en materia del Poder Judicial y ni siquiera la analizó en comisiones.
- También se ha negado a la armonización de la Constitución federal con la local, para iniciar el proceso de elección de magistrados y jueces locales.
- El coordinador de los diputados del PAN, Alfredo Chávez, ha declarado que el Congreso del Estado, con mayoría panista y priista, se encuentra “en desacato”.
Por qué es importante: El Congreso del Estado y el Tribunal Superior de Justicia, ambos controlados por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, mantienen una campaña para señalar que la Reforma Judicial viola los derechos humanos y es parte de “una dictadura”.
Contexto: La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Hernández Acosta, presentó una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado para garantizar una jugosa pensión vitalicia a los 13 magistrados nombrados por César Duarte Jáquez, incluida ella misma.
Los magistrados duartistas pretenden retirarse y recibir una pensión millonaria con solo 10 años de antigüedad en el servicio.
La reforma propone que los magistrados con 10 años de servicio reciban 55% del monto de la compensación que perciben, así como el 45% de su salario base de forma vitalicia.
La magistrada Hernández Acosta presentó la iniciativa como una forma de burlar la norma Constitucional vigente, que obliga a que magistrados y jueces sean electos por el voto popular.
La reforma deben retirarse del cargo “ya sea porque decidan no participar en el proceso electivo o no resulten electos”.
El 13 de noviembre de 2014, el entonces gobernador César Duarte Jáquez impuso a 13 magistrados del Poder Judicial por un periodo de 15 años, a través del Congreso del Estado, con los votos del PAN pagados mediante la “nómina secreta”.
