Presentan dictamen sobre extinción de siete órganos autónomos
La Cámara de Diputados dio a conocer el dictamen de la reforma que contempla la desaparición de siete organismos autónomos, así como la reasignación de sus funciones a diversas secretarías y entidades del gobierno federal. Este dictamen, junto con los proyectos de ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y la ley general de bienestar animal, se discutirá y votará la próxima semana.
En el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el proyecto indica que sus responsabilidades en materia de acceso a la información, transparencia y protección de datos personales serán asumidas por la Secretaría de la Función Pública, que será renombrada como Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. También se prevé que el órgano de control del Poder Judicial y las contralorías del Congreso de la Unión asuman algunas de estas funciones, replicando el mismo esquema en las entidades estatales.
Durante un foro en la sede del INAI, el comisionado presidente Adrián Alcalá Méndez destacó la importancia de este organismo, señalando: “Seguiremos, hasta el último aliento, insistiendo en la necesidad de la prevalencia de esta institución del Estado mexicano”. Alcalá mencionó además que la última encuesta nacional del Inegi revela una alta confianza de los ciudadanos en los órganos autónomos.
En cuanto a otros organismos, el dictamen establece que el Instituto Nacional Electoral se hará cargo de temas relacionados con partidos políticos, mientras que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje atenderán asuntos de sindicatos. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes asumirá las tareas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
El dictamen también contempla la transferencia de las funciones de la Comisión Federal de Competencia Económica a la Secretaría de Economía, mientras que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social pasará al Inegi. Las tareas de las comisiones Nacional de Hidrocarburos y Reguladora de Energía se asignarán a la Secretaría de Energía, y las de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación quedarán en manos de la Secretaría de Educación Pública.
