El Senado de la República aprueba reformas constitucionales para el bienestar y la vivienda digna de los trabajadores
El Senado de la República aprobó la declaratoria de validez de dos reformas constitucionales que buscan garantizar el bienestar y el acceso a una vivienda digna para los trabajadores en México. Estas reformas modifican los artículos 4°, 27° y 123° de la Constitución y forman parte de las iniciativas impulsadas el 5 de febrero pasado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante la sesión, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, destacó que estas reformas representan un avance significativo para fortalecer los derechos sociales en el país. “Estas reformas responden a un enfoque de justicia social que busca mejorar las condiciones de vida de los sectores vulnerables,” expresó Fernández Noroña, quien también turnó los decretos a la Cámara de Diputados para su revisión.
Reforma de bienestar: respaldo de 22 estados
La primera reforma, centrada en el bienestar social, fue respaldada por 22 congresos estatales, cumpliendo así con el requisito constitucional para su aprobación. Entre los estados que apoyaron esta reforma se encuentran Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Veracruz y la Ciudad de México.
La modificación al artículo 4° de la Constitución busca garantizar un nivel de vida adecuado para la población, mejorando el acceso a servicios esenciales y fortaleciendo los derechos de seguridad social. Además, la reforma establece que “la edad para recibir la pensión de adultos mayores se reducirá de 68 a 65 años,” un cambio que reafirma el compromiso del Estado con los derechos sociales y el acceso equitativo a recursos esenciales.
Los cambios en los artículos 4° y 27° también buscan garantizar los derechos de grupos vulnerables como adultos mayores, personas con discapacidad, campesinos y pescadores, en un esfuerzo por mejorar sus condiciones de vida.
Vivienda digna para los trabajadores: 18 votos estatales
La segunda reforma, orientada a asegurar una vivienda digna para los trabajadores, fue respaldada por 18 legislaturas estatales, incluidas Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Nayarit, Sonora, Tabasco y Ciudad de México. La enmienda al artículo 123 busca garantizar que los trabajadores tengan acceso a viviendas adecuadas y seguras, un derecho clave para su desarrollo.
Entre los aspectos destacados de la reforma se encuentra la modificación que establece que “los arrendamientos no deben exceder el 30% del salario de los trabajadores,” promoviendo créditos accesibles y justos para el acceso a la vivienda. La reforma se enfoca en cuatro ejes clave: certeza jurídica y seguridad de tenencia, acceso a servicios básicos, créditos accesibles y el desarrollo de un sistema de vivienda social que facilite la compra y mejora de viviendas.
