Sheinbaum presenta reformas a la Cámara de Diputados para la Ley de Aguas y combatir el mercado negro
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará este martes a la Cámara de Diputados dos iniciativas clave: la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Con estas propuestas, el gobierno busca recuperar el derecho humano al agua y frenar el mercado negro que gira en torno a este recurso vital.
La mandataria destacó que estas reformas son “una buena forma de celebrar el primer año de gobierno” y aseguró que el objetivo es que “el agua se convierta en un instrumento de la nación de nuevo”. Sheinbaum recordó que en 1992, durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, se modificó la Ley de Aguas para convertir las concesiones en una mercancía. Ahora, con las nuevas iniciativas, “se regularizarán y el Estado será el único responsable para manejarlas, de manera que ya no se les darán otros usos, como actualmente ocurre”.
Sobre el proceso de concesionamiento, la presidenta enfatizó: “Es concesionar con esquemas de mucha facilidad en Conagua (Comisión Nacional de Agua), ordenados, eficientes, muy transparente”.
Por su parte, Efraín Morales, director general de Conagua, explicó que la Ley General de Aguas “establece las bases para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento”. En este sentido, se definen los planes, programas y estrategias necesarios para asegurar ese derecho, así como las competencias de los tres niveles de gobierno en la formulación e implementación de la política hídrica.
Morales agregó que la ley reconoce los sistemas comunitarios de agua para uso personal y doméstico sin fines de lucro, incluyendo a los sistemas bajo la coordinación de núcleos y comunidades indígenas.
En cuanto a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, detalló que ésta “ordenará las concesiones, no será posible transmitir títulos entre particulares, toda prórroga pasará por el análisis de la autoridad del agua; elimina los cambios de uso, crea un nuevo registro nacional del agua y da certeza jurídica para todos los usuarios”.
Para combatir el uso indebido del agua, la iniciativa fortalece los procedimientos para imponer sanciones y multas, además de incrementarlas. También incorpora un capítulo dedicado a los delitos hídricos, que incluyen la explotación, extracción y traslado ilegal de aguas nacionales; actos de corrupción en la concesión y trámites; y desvío ilegal del flujo o cauce natural. Las penas por estos delitos van de uno a 10 años de prisión y multas que oscilan entre 300 y 4 mil días.
Asimismo, se plantea la creación del Fondo de reserva de aguas nacionales.
Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, subrayó que defender el derecho humano al agua implica “resistir al extractivismo, al despojo y al cambio climático con presupuestos éticos ambientales y humanistas”.
Godoy también afirmó que la iniciativa dotará a México de “un marco jurídico integral adecuado y equitativo que norme y coordine el quehacer de los tres órdenes de gobierno” y garantice “la participación ciudadana en la planeación, programación y gestión del agua para uso personal y doméstico”.
Finalmente, destacó que estas propuestas consideran “opiniones y propuestas recogidas en los foros de discusión que se llevaron a cabo en los meses de febrero y marzo del presente año en las 13 regiones hidrológicas del país”.
