Reanudan labores algunos juzgados y tribunales tras dos meses de paro
Este lunes, tras más de dos meses en paro contra la reforma judicial, varios juzgados y tribunales del Poder Judicial de la Federación (PJF) reanudaron actividades. Entre ellos se encuentran 16 juzgados y 20 tribunales de Distrito en Materia Administrativa, ubicados en Periférico Sur y Blvd. Adolfo López Mateos en la Ciudad de México, donde los ciudadanos ya realizan trámites en grupos limitados.
Sin embargo, en varios circuitos de Chiapas, Michoacán, Toluca, Jalisco, Morelos, San Luis Potosí, Veracruz y los juzgados de San Lázaro en la Ciudad de México, las actividades aún no se reanudan. Los circuitos de Nuevo León, Guanajuato, Nayarit, Sonora, Guerrero, Hidalgo, Baja California, Quintana Roo y Aguascalientes sí volvieron a operar, y en Ensenada y Querétaro se decidirá pronto si retoman labores esta semana.
Las sedes del PJF en Prisma e Insurgentes Sur, así como el Palacio de Justicia en avenida Revolución, siguen cerradas, al igual que los centros de Justicia Penal Federal en los reclusorios Norte, Sur y Oriente.
El paro ha afectado a miles de personas que necesitan trámites judiciales no urgentes. De acuerdo con la ministra Lenia Batres, el impacto económico de la suspensión asciende a más de 12,839 millones de pesos, un efecto significativo en el presupuesto anual del PJF. Desde el inicio del paro en agosto, solo se han atendido casos urgentes, acumulando un rezago de más de 440,000 expedientes en todo el país.
El especialista en ciencias penales, Arturo Pastrana, criticó la situación en redes sociales, afirmando que “la falta de actividad judicial y la actitud de ciertos integrantes del PJF afecta el acceso a la justicia y deja en estado de indefensión a los justiciables”.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) decidió, por mayoría de votos, retomar labores a partir de este lunes. Según la circular del Consejo de la Judicatura Federal, todos los titulares deben cumplir con las normas administrativas para asegurar el correcto funcionamiento de la justicia en el país.
