Red de corrupción inmobiliaria en CDMX: vinculan a proceso a 11 involucrados
Un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México vinculó a proceso a 10 empresarios del sector inmobiliario y al ex director jurídico de la alcaldía Benito Juárez, Luis Vizcaíno, por su presunta responsabilidad en asociación delictuosa.
Después de una audiencia de ocho horas, el juez consideró que había pruebas suficientes para que los acusados enfrentaran su juicio, aunque podrán hacerlo en libertad. El plazo para concluir la investigación complementaria fue fijado en cuatro meses. Asimismo, las medidas cautelares de presentación periódica, exhibición de garantía económica y restricción para salir del país fueron confirmadas para los empresarios, mientras que Vizcaíno permanecerá en prisión preventiva.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sostiene que los empresarios Luis, José, Carlos, Guillermo, Miguel, Carlos, Eduardo, Sergio, Mario y Alejandro, junto con Vizcaíno, formaron una sociedad para desarrollar dos proyectos inmobiliarios. Según las investigaciones, durante la administración de Christian von Roehrich, exjefe delegacional panista, estos empresarios recibieron favores para obtener permisos y realizar trámites que les permitieran construir complejos habitacionales que en algunos casos no cumplían con las regulaciones de desarrollo urbano.
La investigación sobre la red de corrupción inmobiliaria, que se originó en la alcaldía Benito Juárez, fue iniciada por la Fiscalía desde el término de la gestión de Von Roehrich, quien actualmente se encuentra en prisión en el Reclusorio Norte. El año pasado, la Fiscalía amplió su indagatoria por enriquecimiento ilícito en pandilla, realizando cateos en varios inmuebles vinculados a los involucrados en esta red.
El caso salió a la luz cuando un empresario denunció haber sido extorsionado con 3 millones 250 mil pesos para finalizar sus obras y obtener la autorización de uso y ocupación. A partir de esta denuncia, la Fiscalía descubrió la existencia de una “red de protección para empresas constructoras” que operaba con funcionarios de la alcaldía Benito Juárez. Este modus operandi, según las investigaciones, comenzó en 2015 y fue recurrente durante al menos tres administraciones.
