Oaxaca se posiciona como la segunda entidad del país con mayor número de personas inscritas en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, sólo por debajo de la Ciudad de México. De acuerdo con datos oficiales, en el estado hay 194 beneficiarios, de los cuales 161 son defensores y 33 periodistas.
En paralelo, la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa) reporta que, desde diciembre de 2022 —cuando inició la administración del gobernador Salomón Jara Cruz—, han sido asesinados 33 activistas en la entidad. Aunque autoridades estatales han cuestionado esta cifra, la organización presentó públicamente en abril pasado los nombres de las víctimas durante el tercer Foro Permanente en Defensa del Territorio y la Propiedad Social en Oaxaca, donde también se les rindió homenaje para visibilizar los casos.
Víctor Hugo López Rodríguez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), advirtió que el panorama para las personas defensoras en Oaxaca es alarmante, ya que enfrentan agresiones constantes sin que exista una respuesta efectiva de los gobiernos estatal y federal.
Señaló que, aunque Oaxaca ocupa el segundo lugar en número total de personas incorporadas al mecanismo, encabeza la lista en cuanto a defensores específicamente, con 161 beneficiarios. A su juicio, este dato no debe interpretarse como un logro institucional, sino como evidencia de un entorno de inseguridad. “lo que nosotros vemos es que esto refleja que sin duda hay un clima de riesgo y de violencia en la entidad que no se ha logrado atender”.
El representante de la Red TDT también criticó que la administración estatal actúe de manera reactiva en lugar de implementar estrategias integrales de protección, subrayando la necesidad de soluciones de fondo para garantizar la seguridad de quienes defienden derechos humanos.
Como ejemplo de la falta de resultados, mencionó el allanamiento de las oficinas del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha en mayo de 2024, caso en el que, pese a existir evidencia sobre los responsables, no se han realizado detenciones. Asimismo, refirió la situación de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, cuyos integrantes han sido asesinados, mientras que su dirigente, Carlos Beas Torres, ha sido objeto de amenazas y hostigamiento durante este año.
Por su parte, la titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Elizabeth Lara Rodríguez, reconoció que, aunque la problemática no es exclusiva del estado, existen obstáculos que impiden a los defensores desempeñar su labor con libertad. En ese sentido, subrayó que corresponde al Estado garantizar condiciones seguras para quienes trabajan en la defensa de derechos civiles y ambientales.
En Oaxaca, las agresiones contra defensores no se concentran en una región específica, sino que se registran en distintas zonas del territorio.
Según Educa, los homicidios de personas defensoras se han distribuido de la siguiente manera: uno en diciembre de 2022; 13 durante 2023; otros 13 en 2024, y seis en lo que va de 2025, sumando 33 casos en total.
