El análisis del consultor independiente Julián Mazoy acerca de las campañas de propaganda negra –que se difunden masivamente en la red social Facebook contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, la candidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo y el gobierno de la cuarta transformación– revela nexos de financiamiento con dinero público del gobierno de Guanajuato y dos gobiernos municipales de Chihuahua
El pasado 8 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que contaba con información acerca del posible financiamiento con dinero público de la guerra sucia mediática contra él, contra su gobierno y contra la candidata Claudia Sheinbaum, aunque a ésta última no la mencionó por su nombre. Y que estos recursos provendrían de estados gobernados por la oposición.
Esto podría quedar comprobado en el análisis que realizó el consultor independiente y experto en detección de noticias falsas Julián Mazoy. Al estudiar el comportamiento de cuentas fantasma y bots en la red social Facebook, así como rastrear los patrones de financiamiento, el joven encontró vínculos entre al menos dos de los potenciadores de estas campañas y el gobierno de Guanajuato, así como con dos gobiernos municipales de Chihuahua.
Los datos de Julián Mazoy indican que el gobierno del panista Diego Sinhue Rodríguez mantendría un presunto nexo con uno de los diseminadores de la propaganda negra, y para probarlo incluye un contrato que se firmó en abril de 2023 entre el estatal Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad y Nova TechDevelopers & Consultants, S de RL de CV. Este fue por 2 millones 522 mil pesos, y tuvo por objeto proveer el servicio de difusión en medios de comunicación a través de souvenirs.
A su vez, la empresa Nova Tech es propiedad de Jesús Arturo Contla Cabrera, quien figura en la plataforma de Facebook como uno de los responsables de diversas publicaciones pagadas en páginas bots, particularmente en la de “El Amonestador”.
Además, el análisis observa una conexión entre los gobiernos municipales de Namiquipa y Meoqui, Chihuahua, con esta guerra sucia en redes sociales. Ésta se establece a través de convenios firmados de ambas administraciones, por separado, con el proveedor Rubén Acosta Bustillos. Los contratos que tienen por objeto la difusión de “campañas publicitarias” a través de medios digitales y spot de radio se firmaron entre 2021 y 2023.
Y de acuerdo con la plataforma de la trasnacional Meta –controladora de Facebook–, Acosta Bustillos ha pagado decenas de mensajes en contra del presidente López Obrador, su gobierno y destacados políticos de Morena, entre ellos la joven Andrea Chávez.
Crédito: CONTRALÍNEA
