Juez aplaza audiencia de exprocurador para abril; la FGR busca condena por 82 años
Esta es la segunda vez que la audiencia se aplaza, debido a que en septiembre de 2023 el equipo legal del exgobernador solicitó el diferimiento por los juicios en curso de amparo.
Un Juez federal aplazó para el mes de abril la audiencia en la que Jesús Murillo Karam, extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), será acusado formalmente por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa durante su administración.
Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitará una condena de 82 años de prisión para exfuncionario por su responsabilidad en desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de la justicia dentro del caso Ayotzinapa en 2014.
De acuerdo a funcionarios federales y fuentes cercanas, la audiencia estaba programada para este 24 de enero; sin embargo, se difirió para abril con el propósito de realizar entrevistas y recabar otros datos de pruebas en contra el imputado. Además, de estar pendiente la evidencia por parte de la defensa para desvirtuar las acusaciones.
La audiencia estaba previsto que ambas partes, tanto del exprocurador como del Ministerio Público federal, debatieran las pruebas que solicitaron con el fin de determine cuáles son pertinentes e idóneas para la investigación del caso.
Anteriormente, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la FGR reveló 69 testimonios, 65 documentales y 43 peritajes relacionados Jesús Murillo Karam, con el propósito de validar la sentencia del exfuncionario tras su detención en 2022.
Cabe mencionar que esta es la segunda vez que la audiencia se aplaza, debido a que en septiembre de 2023 el equipo legal del exgobernador de Hidalgo solicitó el diferimiento, ya que se encontraba en curso los juicios de amparo.
MANTIENEN A MURILLO BAJO PRISIÓN PREVENTIVA
En diciembre del año pasado, un Juez federal negó la modificación a la medida cautelar de prisión preventiva justificada al exprocurador Jesús Murillo Karam, quien permanece internado en la Torre Médica de Tepepan, en la Alcaldía Xochimilco, tras presentar problemas de salud.
El titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Rubén Darío Noguera Gregoire, rechazó otorgarle la suspensión definitiva al exfuncionario federal, el cual apelaba ir en contra de la resolución emitida el pasado 10 y 11 de noviembre sobre su estadía preventiva en el Reclusorio Norte. Esto con motivo de su presunta participación en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, por lo que continuará en prisión.
“Al respecto, el suscrito juzgador considera improcedente conceder la suspensión para los efectos que solicita, pues en el caso, no se aprecia la apariencia del buen derecho ya que la medida cautelar se encuentra justificada y la misma resulta idónea, necesaria y proporcional para los fines que se persiguen”, señaló el Juez.
Por su parte, los abogados de Murillo Karam solicitaron el cambio de medida cautelar debido a la edad y deteriorado estado de salud de Murillo Karam, por lo que abogaban por la prisión preventiva desde su casa, ubicada en las Lomas de Chapultepec.
Sin embargo, el Juez negó la petición, pues detalló que existe el riesgo de que el extitular de la PGR evada la acción de la justicia y un posible riesgo de fuga, luego de ser detenido en agosto de 2022 en la capital.
FISCALÍA PIDE 82 AÑOS DE PRISIÓN
El pasado 7 de junio, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que buscará que el exprocurador Jesús Murillo Karam obtenga una pena de prisión de 82 años por su relación con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014.
La Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa presentó un escrito de acusación contra el extitular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), donde se le señala como culpable de delitos de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de la justicia.
Por estos crímenes imputados en su contra, la FGR pide una condena de 82 años repartidos de la siguiente manera: 60 años por desaparición forzada, 12 por tortura y 10 por los delitos contra la administración de la justicia.
Adicionalmente a dicha pena, también solicita 20 mil días de multa, equivalentes a un millón 792 mil 400 pesos.
Crédito: SINEMBARGO