El gobierno de Donald Trump ha modificado su estrategia contra la migración irregular tras el aumento de denuncias y protestas por redadas y detenciones masivas, en las que se reporta el arresto de alrededor de mil personas diariamente. Ahora, además de estas acciones visibles, se están aplicando medidas menos públicas para restringir el acceso de migrantes indocumentados al empleo, la vivienda, la educación y los servicios de salud.
De acuerdo con nuevos datos presentados al Congreso la semana pasada, durante 2025 se registró un promedio de 36 mil deportaciones mensuales de inmigrantes. Asimismo, en los primeros meses de este año, la cifra de personas en detención migratoria alcanzó aproximadamente 60 mil, un aumento considerable frente al promedio de 40 mil en 2024, según reportes de Bloomberg y NBC News.
La administración sostiene que mantiene su objetivo de expulsar a más de un millón de inmigrantes al año, argumentando que cientos de miles se han “autodeportado” debido al incremento de redadas, amenazas de detención y condiciones de presión. Sin embargo, la falta de publicación regular de estadísticas oficiales ha generado dudas sobre la veracidad de estas cifras.
Un informe de CNN difundido en marzo señaló que únicamente 72 mil inmigrantes habían informado al gobierno su intención de “autodeportarse”, con la expectativa de recibir incentivos económicos.
En este contexto, Stephen Miller, uno de los principales arquitectos de la política migratoria del presidente, ha impulsado nuevas acciones para acelerar las expulsiones. Entre ellas, el Departamento de Justicia ha presionado a jueces de inmigración para agilizar los procesos y ha despedido a más de 100 de los 750 jueces del sistema por no cumplir con las metas establecidas.
“Todos estamos mirando por encima del hombro”, comentó la juez de inmigración Holly D’Andrea a The New York Times. Miller, por su parte, ha sostenido que el gobierno no está obligado a garantizar audiencias judiciales a “ilegales”.
Cabe señalar que los jueces de inmigración en Estados Unidos no pertenecen al Poder Judicial, sino que son empleados del Departamento de Justicia del Poder Ejecutivo, lo que permite su remoción bajo decisiones administrativas.
Diversos abogados han denunciado que muchas personas detenidas durante redadas masivas cuentan con documentos o procesos legales en curso para regularizar su estatus migratorio. Sin embargo, han sido arrestadas en operativos donde se les identifica por su apariencia, el idioma que hablan o por no portar documentos en el momento de la detención.
Ante ello, defensores legales han interpuesto múltiples demandas para frenar las redadas y lograr la liberación de sus clientes, aunque los procedimientos judiciales avanzan con lentitud. Al mismo tiempo, los jueces enfrentan una creciente presión para dictar más deportaciones o arriesgar su permanencia en el cargo.
Donald Trump ha reconocido recientemente que incluso dentro de su base republicana han surgido preocupaciones por el alcance de las detenciones y deportaciones. En respuesta, Miller ha impulsado estrategias dirigidas a gobiernos estatales para implementar mecanismos administrativos que compliquen la vida cotidiana de los migrantes indocumentados.
“La próxima fase de la represión a la inmigración es más silenciosa y más desestabilizadora”, reportó The New York Times.
Entre las nuevas propuestas destaca una iniciativa del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano que busca restringir el acceso a asistencia pública en hogares donde viva хотя sea una persona sin estatus migratorio legal, incluso si los demás integrantes son ciudadanos o residentes legales. Esta medida podría dejar sin vivienda pública a hasta 80 mil personas, de acuerdo con estimaciones del Center for Budget and Policy Priorities.
Además, el gobierno federal ha iniciado acciones para retirar licencias de conducir a conductores de camiones sin estatus legal y ha anunciado restricciones para que personas no ciudadanas accedan a préstamos federales destinados a pequeños negocios, incluso si residen legalmente en el país.
En el ámbito educativo, Miller propuso ante legisladores republicanos en Texas considerar una legislación que retire financiamiento a estudiantes indocumentados. De aprobarse, esta medida podría afectar a cerca de 100 mil alumnos solo en ese estado.
“Con el giro de estrategia del gobierno de Trump de redadas descaradas en una ciudad, se busca aplicar presión en todo punto de contacto entre inmigrantes y gobierno, usando la vasta burocracia del país”, reportó The New York Times en una investigación sobre estas políticas.
Por otro lado, un análisis del conservador Cato Institute indica que la administración ha reducido de forma significativa la migración regular hacia Estados Unidos. “Washington probablemente ha reducido la inmigración legal más que la ilegal”, indicó David Bier, investigador del centro.
El mismo análisis advierte que “Los datos disponibles sugieren que 2.5 veces más entradas legales que ilegales se están frenando”.
