Lucha Castro recupera uno de los episodios más dolorosos de Ciudad Juárez: la masacre de 16 jóvenes en Villas de Salvárcar y la lucha de las familias para preservar la memoria y dignidad de las víctimas.
Lucha Castro, activista y defensora de los derechos humanos, recupera uno de los episodios más dolorosos de Ciudad Juárez: la masacre de 16 jóvenes en Villas de Salvárcar y la lucha de las familias para preservar la memoria y dignidad de las víctimas.
- Después de la tragedia, el entonces presidente Felipe Calderón descalificó a las víctimas llamándoles pandilleros, cuando todos eran estudiantes y deportistas destacados.
- El siguiente texto fue publicado por Lucha Castro en sus redes, después de que Calderón participó en la ciudad de Chihuahua a un evento político de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, en el que se puso como ejemplo de combate al crimen organizado:
Hoy veo las fotografías de la visita de Felipe Calderón a Chihuahua para respaldar políticamente a María Eugenia Campos Galván, gobernadora del estado, señalada por traición a la patria y vuelvo inevitablemente a una de las heridas más profundas que dejó la llamada guerra contra el narcotráfico en Ciudad Juárez: la masacre de Villas de Salvárcar.
Hay jóvenes que hoy tienen poco más de veinte años y apenas eran niños /as cuando ocurrió aquella tragedia. Otros ni siquiera habían nacido.
Por esta razón me parece importante compartir mi experiencia.
La madrugada del 30 de enero de 2010, 60 estudiantes del Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 128, del Colegio de Bachilleres plantel 9 y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se encontraban reunidos en una fiesta en la colonia Villas de Salvárcar.
Un comando armado irrumpió disparando de manera indiscriminada. Dieciséis jóvenes fueron asesinados y varias personas más resultaron heridas. Eran estudiantes. Eran deportistas. Eran hijos e hijas de familias trabajadoras. Eran jóvenes con sueños y proyectos de vida.
Pero el horror no terminó con la masacre.
Pocas horas después comenzó una segunda agresión contra las víctimas: la criminalización.
Desde el gobierno federal se difundió la versión de que los jóvenes tenían vínculos con pandillas y con el crimen organizado.
Sin investigación seria, sin pruebas y sin respeto por el dolor de las familias, se colocó un estigma sobre quienes acababan de ser asesinados.
Las madres y los padres no solamente tuvieron que enterrar a sus hijos e hijas. También tuvieron que defender su memoria.
Semanas después, presionado por la indignación nacional e internacional, Felipe Calderón acudió a Ciudad Juárez para encabezar un acto denominado Todos Somos Juárez. Afuera había protestas. Dentro había un fuerte dispositivo de seguridad.
Y entonces ocurrió uno de los momentos más dignos y más valientes de la historia reciente de México.
Luz María Dávila, madre de dos de los jóvenes asesinados, tomó el micrófono y le habló directamente al presidente.
“Discúlpeme, señor Presidente. Yo no le puedo decir bienvenido, porque para mí no lo es”.
Aquella frase quedó grabada en la memoria de Ciudad Juárez.
Pero muchas veces se olvida lo que dijo después:
“Les dijeron pandilleros a mis hijos. Es mentira. Uno estaba en la prepa y el otro en la universidad. Ellos estudiaban y trabajaban”.
Y luego agregó unas palabras que siguen interpelando al poder hasta el día de hoy:
“Le apuesto que si hubiera sido uno de sus hijos, usted se habría metido hasta debajo de las piedras y hubiera buscado al asesino”.
No era solamente el reclamo de una madre. Era la voz de una ciudad herida.
Era la denuncia de miles de familias que durante aquellos años vieron cómo la violencia les arrebataba a sus seres queridos mientras las autoridades respondían con indiferencia, estigmatización o abandono.
Años después, cuando fui invitada a ser asesora en Derechos Humanos y Justicia Social del gobernador Javier Corral Jurado una de las primeras causas que llevé a su atención fue precisamente la de Villas de Salvárcar.
Yo conocía la historia de esa comunidad Había escuchado a las familias.Había compartido su dolor.
Y también conocía su enorme dignidad.
Recuerdo una casa que las familias habían ocupado para convertirla en un espacio de memoria. En sus paredes estaban las fotografías de los muchachos asesinados. Allí escuché historias que siguen habitando mi corazón.
Las familias me contaban que constantemente pasaban automóviles frente a la vivienda y señalaban el lugar diciendo: “Mira, ahí mataron a los jóvenes”.
Aquello se había convertido en una especie de turismo del horror que seguía lastimándoles.
Pero las familias tenían otro sueño.
Querían transformar aquel lugar de muerte en un lugar de memoria.
Querían un memorial digno.
Querían un espacio donde se contara la verdadera historia de sus hijos.
Querían un sitio donde nadie volviera a llamarlos pandilleros o narcotraficantes.
Querían borrar para siempre el estigma que el presidente Felipe Calderón había colocado sobre ellos, sus familias y sobre toda la colonia.
Comenzamos entonces un proceso de acompañamiento junto con el representante de las víctimas, el Lic. Gustavo de la Rosa, con el diputado Pedro Torres Estrada y con una aliada fundamental, mi compañera, la licenciada Irma Villanueva Nájera, entonces titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Realizamos reuniones, recorridos, talleres y espacios de escucha.
Al principio había desconfianza.
Era comprensible.
Las familias habían sido engañadas demasiadas veces por las instituciones.
Sin embargo, poco a poco comenzó a construirse un camino común.
Recuerdo con especial emoción el día en que en una asamblea con las familias, uno de los padres nos mostró un dibujo. Era el proyecto que colectivamente habían dibujado del memorial que soñaban construir para honrar a sus hijos/as.
Cuando vimos aquel diseño entendimos que se trataba de recuperar la memoria, de restituir la dignidad, de borrar el estigma de jóvenes pertenecientes al crimen organizado, se trataba de devolverles a esos jóvenes el lugar que les correspondía en la historia de Ciudad Juárez.
También planteé al gobernador Javier Corral la necesidad de ofrecer una disculpa pública.
Quienes hemos tomado como opción de vida la defensa de los derechos humanos sabemos que una disculpa pública no es un acto protocolario ni una concesión política.
Las víctimas suelen recorrer largos caminos para obtenerla.
Muchas veces deben tocar puertas durante años, acudir a organismos nacionales e incluso llegar a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para que el Estado reconozca el daño causado.
La disculpa pública forma parte de las medidas de reparación y tiene un profundo significado: reconoce la verdad, dignifica a las víctimas y asume una responsabilidad institucional frente al daño y ofrece medidas de no repetición.
Antes de dar ese paso, conversamos con las familias sobre su importancia. Ellas aceptaron.
Y finalmente ocurrió.
Las familias recibieron la disculpa pública que durante años habían exigido. Posteriormente se concretó también el memorial que habían imaginado.
Hoy, en el número 1310 de la calle Villas del Portal, permanece abierto el Memorial, en el que se encuentran pequeños nichos con fotografías, flores, ofrendas, velas recuerdos y mensajes.
Se encuentra una cruz que recuerda su muerte injusta, una imagen de la Guadalupana acompañando el dolor y la esperanza.
Encuentra la memoria viva de aquellos jóvenes.
Encuentra una inscripción que resume una historia de lucha y dignidad:
“Jóvenes Mártires de Villas de Salvárcar”.
Un memorial que borra para siempre el estigma que Felipe Calderón había colocado sobre ellos y sobre toda la colonia.
Ese memorial existe porque las familias se negaron a olvidar.
Existe porque defendieron la verdad cuando otros intentaron imponer una mentira.
Existe porque lucharon para limpiar el nombre de sus hijos/as.
Existe porque se negaron a permitir que la historia oficial fuera la última palabra.
Sin embargo, la justicia sigue siendo una asignatura pendiente.
Por eso hoy, la indignación colectiva provoca la presencia de Felipe Calderón en Chihuahua, recordamos a Luz María Dávila.
Recordamos a las madres , herman@s, abuel@s padres que durante años cargaron el dolor y la lucha.
Y entendemos perfectamente por qué aquella madre le dijo al presidente:
“Usted aquí no es bienvenido”.
No era una frase de enojo.
Era una exigencia de verdad.
Era una demanda de justicia.
Era la defensa de la dignidad de sus hijos y de los muchachos de su barrio.
Por eso el pueblo de Chihuahua no olvida.
No olvida la masacre.
No olvida la criminalización de las víctimas.
No olvida los años de lucha de las familias.
No olvida que hubo que pelear para limpiar el nombre de aquellos jóvenes.
No olvida que la justicia sigue incompleta.
Y por eso, Felipe Calderón no es bienvenido en Chihuahua.
Con información de ZONAFREE
