La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido intervenir en una controversia legal relacionada con la expedición de actas de nacimiento para menores nacidos a través de gestación subrogada, también conocida como vientre de alquiler. Esta decisión podría establecer un precedente crucial para garantizar los derechos de estos menores y sus padres en el país.
Con una votación de siete ministros a favor y dos en contra —los votos negativos fueron del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y de la ministra Yasmín Esquivel Mossa— el Pleno de la Corte resolvió ejercer su facultad de atracción en la contradicción de criterios 38/2025. Esta contradicción surgió a partir de resoluciones opuestas emitidas por dos tribunales colegiados en el estado de Quintana Roo, sobre si debía concederse la suspensión que permitiría registrar de inmediato a los bebés nacidos por esta técnica.
Ambos tribunales analizaron casos en los que padres intentaron registrar a sus hijos nacidos mediante técnicas de reproducción asistida, pero recibieron negativas del Registro Civil local. La autoridad argumentó que “no se encontraba previsto en su Reglamento del Registro Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo el registro de un menor concebido y nacido bajo Técnicas de Reproducción Asistida”.
En estos casos, los padres sostienen que la negativa de otorgar un acta de nacimiento expone a los menores a un “estado de incertidumbre jurídica y peligro a su vida”, además de que “impacta momento a momento en los derechos fundamentales de la menor”. Alegan que la ausencia de este documento vulnera derechos esenciales como la identidad, nacionalidad, salud, y filiación familiar.
La falta de un acta de nacimiento legalmente expedida también podría impedir que el menor acceda a servicios médicos y educativos, que tenga un nombre o una nacionalidad reconocida, o que se le reconozca legalmente algún vínculo familiar, lo cual afectaría incluso derechos alimentarios y sucesorios.
Con la atracción del caso, la SCJN tendrá la oportunidad de definir cómo deben actuar las autoridades cuando los registros civiles se niegan a registrar a niños nacidos mediante maternidad subrogada, especialmente en ausencia de una regulación clara sobre el tema.
“Este será clave porque permitirá poner en el centro el interés superior de la niñez en los casos en los que no existe una regulación sobre la materia”, subrayó la Corte.
