La presidenta saliente de Honduras, Xiomara Castro, advirtió que en el país “se gesta un nuevo golpe” contra su gobierno, luego de la liberación del ex mandatario Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien fue condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por narcotráfico y posteriormente indultado por el presidente Donald Trump. Castro sostuvo que esta decisión forma parte de un respaldo político al candidato presidencial Nasry Asfura, del Partido Nacional, organización encabezada por el ex gobernante convicto.
La denuncia se da en medio de un clima de tensión postelectoral, tras los comicios del 30 de noviembre. El Ministerio Público hondureño difundió audios atribuidos a Hernández, en los que presuntamente instruye a un interlocutor a “aceptar” los resultados preliminares que otorgan 40.52 por ciento de los votos a Asfura, frente a 39.20 por ciento del candidato liberal Salvador Nasralla, y a rechazar la exigencia de este último de un conteo voto por voto.
En los audios, también se escucha la promesa de “hablar de otros temas cuando proclamemos a Nasry Tito Asfura presidente”, en un contexto marcado por el retraso en la divulgación de resultados oficiales y denuncias de irregularidades.
Castro afirmó que, “a partir de información de inteligencia verificada”, Hernández planea su retorno al país para intervenir en la proclamación del ganador de la elección, lo que calificó como “una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra el gobierno”. Esto ocurre mientras el Consejo Nacional Electoral mantiene pendiente un escrutinio especial de al menos 2 mil 792 actas con inconsistencias.
Ante este escenario, la mandataria convocó a sus simpatizantes a “concentrarse de manera urgente y pacífica en Tegucigalpa para defender el mandato popular, rechazar cualquier intento golpista y hacer visible ante el mundo que aquí se gesta un nuevo golpe”.
Por su parte, Hernández aseguró en redes sociales que no tiene “intención de regresar a Honduras en este momento”, al considerar que su seguridad personal “estaría en grave riesgo”. No obstante, la semana pasada el fiscal general Johel Zelaya solicitó a Interpol ejecutar una orden de captura emitida en 2023 contra el ex presidente por los delitos de “lavado de activos y fraude”.
La tensión política derivó en hechos violentos la noche del lunes, cuando al menos ocho personas resultaron heridas durante el desalojo policial de militantes del partido gobernante Libre, quienes se manifestaban frente al centro de resguardo del material electoral en Tegucigalpa. La protesta había sido convocada por el ex presidente Manuel Zelaya, líder del partido y esposo de Castro, quien fue derrocado en 2009 en un golpe de Estado con respaldo de Washington.
