Auditoría Superior de la Federación detecta boquete de 272 mdp en la Judicatura de Norma Piña
En el penúltimo año de funciones de Norma Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) incurrió en incumplimientos legales en materia de contrataciones públicas, generando un probable daño a la Tesorería por 272.4 millones de pesos, según determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La revisión forense de la ASF reveló que el organismo judicial realizó pagos millonarios a proveedores sin contar con documentación que acreditara la prestación de diversos servicios. Por estas y otras irregularidades, el organismo auditor inició 11 procedimientos para investigar y sancionar a los responsables.
Violaciones a la ley y control insuficiente
El informe, parte de la segunda entrega de la fiscalización de la cuenta pública 2024, detalla que el extinto CJF pagó:
- 21.4 millones de pesos sin acreditar servicios de seguridad y vigilancia en sus inmuebles.
- 49.4 millones sin justificar trabajos de mantenimiento y limpieza.
- 201 millones sin documentación comprobatoria por servicios tecnológicos, de impresión, digitalización y soporte especializado.
Asimismo, el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial no ejecutó una póliza de fianza por 431 mil pesos, derivada de la suspensión por dos meses del servicio de comedor en sus instalaciones de Toluca.
En total, la ASF determinó un monto pendiente por aclarar de 272 millones 437 mil 450 pesos, y concluyó que, aunque el CJF había implementado medidas para fortalecer su sistema de control interno, estas “no fueron suficientes para garantizar el cumplimiento de sus objetivos ni la observancia de la ley, lo que vulnera los principios de transparencia, control y rendición de cuentas”.
El informe subraya que se comprobaron violaciones a normas como la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por incumplir los requisitos de comprobación del ejercicio presupuestal.
Esta auditoría se realizó tras la desaparición del CJF, derivada de la reforma judicial, que transfirió sus funciones e infraestructura al Tribunal de Disciplina Judicial.
